sochimefPor Andrea Didier, presidenta de la Sociedad Chilena de Medicina Familiar
Los recortes presupuestarios anunciados desde abril en el Ministerio de Salud no son un ajuste técnico ni una medida administrativa menor. Son una decisión que afecta directamente la salud de millones de personas, y como médica de familia, siento el deber de decirlo con todas sus letras.
La reducción de $413.000 millones de pesos en el Ministerio de Salud impacta de frente el derecho fundamental de acceso a la salud. Los números son elocuentes: $259.000 millones menos en Fonasa y $147.000 millones menos en la Secretaría de Redes Asistenciales. Eso se traduce en menos resolutividad hospitalaria y más deuda. En menos atención para quienes más la necesitan.
El problema no termina ahí. El recorte global del 3% en el gasto público golpea también educación, transporte y desarrollo social — todos determinantes sociales de la salud. No es retórica: la evidencia internacional es clara en señalar que cuando se deterioran estas condiciones, las brechas de desigualdad se profundizan y los resultados sanitarios empeoran. El horizonte que se anticipa es más enfermedades crónicas, más multimorbilidad, peores indicadores para una población que ya viene exigida.
El punto más preocupante, sin embargo, es el recorte de $18.000 millones en Atención Primaria de Salud. La APS no es un eslabón más del sistema — es su columna vertebral. Menos recursos en APS significa menos insumos clínicos, menos medicamentos, menos cobertura universal. Retroceder en cobertura universal no es neutro: genera discriminación, crea barreras de acceso y aleja a los equipos de salud de su población.
A eso se suma que la continuidad de atención en la red asistencial es un pilar esencial para garantizar una salud realmente resolutiva, con equidad e igualdad — y ese principio también queda en riesgo. Todo esto tiene consecuencias directas en la adherencia al sistema y en la trayectoria de salud de las personas.
La promoción de salud y la prevención de enfermedades son las estrategias más costo-efectivas que existen para mejorar la calidad de vida y reducir la mortalidad. Eso no es opinión, es consenso científico mundial. Desfinanciar la APS es, en términos simples, una decisión cara a largo plazo — pagada en vidas y en sufrimiento evitable.
Hay algo más que no puede quedar sin nombrarse: el impacto en quienes trabajan en el sistema. Los equipos de salud pública ya operan en condiciones de sobrecarga. Reducir los recursos disponibles aumenta el riesgo de distrés ético y síndrome de burnout. Cuando los funcionarios colapsan, la vulnerabilidad de los pacientes aumenta. Es una cadena que no se puede ignorar.
Desfinanciar los CESFAM, CECOSF, postas rurales y hospitales públicos no es un ajuste contable. Transmite desconexión con la realidad social del país.
Por eso, desde la Sociedad Chilena de Medicina Familiar, rechazamos estas medidas y llamamos al gobierno a cumplir su compromiso: no afectar la salud de las personas, no retroceder en derechos sociales y garantizar el acceso a la salud como lo que es — un derecho fundamental, no un privilegio.
